lunes, 31 de julio de 2017

UNA CRISIS SIN RETORNO

No hay día en que las calles en Venezuela no sean invadidas por los manifestantes que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, quien se sostiene a duras penas en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Hasta cuándo tendrá ese apoyo?
    • Una crisis sin retorno
    Venezuela terminó el 2016 con la inflación más alta del mundo y un sector productivo prácticamente destruido. Aunque es el país con la mayor reserva petrolera en el orbe, su economía está estrangulada y en serio riesgo.
    El violento enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición se ha trasladado a las calles, convertidas en un campo de batalla fuera de control. Durante las protestas, 46 personas perdieron la vida y centenares quedaron heridas y detenidas.
    Las tensiones aumentan conforme pasan los días. La represión es más violenta, la oposición está más unida que nunca y, por primera vez, las protestas no se focalizan en zonas opositoras, sino que incluyen a otros sectores de la sociedad; pero ¿hasta cuándo van a durar las movilizaciones?, ¿hay margen de negociación?, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas?
    Al parecer, el gobierno de Maduro continuaría con su intención de convocar una Asamblea Constituyente y seguiría dilatando la celebración de comicios regionales, que debieron efectuarse en el 2016. “Maduro no quiere convocar elecciones porque por primera vez sabe que perderá”, apuntan los analistas.
    Si el Gobierno no rectifica su posición y los opositores aguantan en las calles, Venezuela podría entrar en una espiral de violencia de consecuencias impredecibles. Esta vez las protestas tienen la peculiaridad de que ocurren en sectores populares que han devuelto el fuego cuando los han atacado; por eso, la violencia está fuera de control, es descentralizada.
    La escasez de alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios públicos y la cruenta represión han originado que las clases populares, tradicional sustento social del chavismo, exijan un cambio.
    Rafael Rojas, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que en los próximos meses tendrá que resolverse la disputa entre los poderes y el desafío a la legitimidad de Maduro que plantea el pueblo en las calles.
    El sustento de Maduro
    ¿Qué mantiene a Maduro en el poder? Esta es una pregunta que se hacen muchos analistas. Varios coinciden en manifestar que lo único que sostiene al mandatario en el Palacio de Miraflores es el respaldo de los militares. Desde que llegó al poder, en el 2013, lo tuvo claro.
    En el gabinete de Maduro, 11 de 32 ministerios están en manos de militares, incluidos los puestos claves de Defensa e Interior. Además, 13 de los 20 gobernadores regionales apoyados por el chavismo son militares jubilados.
    Maduro ha consolidado a los militares como grupo privilegiado que no conoce de carencias. Por lo menos, la alta oficialidad. Se calcula que un general en jefe puede cobrar un salario base de 60 000 bolívares, el doble que un profesional universitario con más de 25 años de experiencia en el sector público.
    El chavismo los ha complacido en más de una década con la compra de armamento por miles de millones de dólares, lo que ha convertido a las Fuerzas Armadas venezolanas en una de las más poderosas del mundo (ocupan el puesto 41 de 131, según un ranking especializado).
    Los militares, fuera de sus obligaciones con la defensa del país, también han multiplicado sus negocios y, obviamente, sus ingresos económicos. Este panorama contrasta con el drama de 4300 empresas que fueron liquidadas en la última década en Venezuela.
    El Ministerio de Defensa de Venezuela ha creado 11 compañías que incluyen una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora y hasta una embotelladora de agua en un cuartel.
    La empresa más importante es la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que tiene una amplia gama de actividades: desde la explotación minera hasta el mantenimiento de pozos petrolíferos, la reparación de taladros y la importación de productos y equipos.
    Poder absoluto
    En Venezuela, Maduro ejerce el poder sin tomar en consideración los principios económicos más básicos, como el respeto a los derechos de propiedad. Bajo el régimen de planificación centralizada se han expropiado o estatizado más de 50 000 propiedades, entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, sin compensación por el valor de mercado.
    Durante los últimos 15 años se expropiaron empresas o sectores completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y tecnología, entre otros. Asimismo, en noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés “social”.
    El Estado venezolano se ha convertido en empresario, importador, comercializador y fijador de precios de los más diversos bienes y servicios. Sin embargo, la escasez de productos básicos ha generado la oleada de protestas, las que cada día se agudizan y pueden llevar al colapso a Maduro y el régimen chavista.
    (Ampliado)
    Los militares, fuera de sus obligaciones con la defensa del país, también han multiplicado sus negocios y, obviamente, sus ingresos económicos. Este panorama contrasta con el drama de 4300 empresas que fueron liquidadas en la última década en Venezuela.